Durante décadas, la ley penal chilena solo podía sancionar a personas naturales: el gerente que ordenó el fraude, el funcionario que aceptó el soborno, el ejecutivo que lavó el dinero. Las empresas, como entidades jurídicas, quedaban al margen de la responsabilidad penal. Esa lógica cambió radicalmente con la promulgación de la Ley N° 20.393, que estableció por primera vez en Chile la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y desde septiembre de 2024, con la entrada en vigencia de la Ley de Delitos Económicos (N° 21.595), esa responsabilidad se amplió de forma explosiva, abarcando hoy más de 200 tipos penales.
En este artículo explicamos qué establece la Ley 20.393, cómo impacta a las empresas y qué significa en la práctica para los trabajadores que forman parte de esas organizaciones.
¿Qué Es la Ley 20.393?
La Ley N° 20.393, promulgada en 2009 y con su última modificación sustancial el 1 de septiembre de 2024, establece que las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por ciertos delitos cometidos en su beneficio o interés. Esto significa que una empresa, sociedad, fundación, universidad del Estado, empresa pública, partido político o corporación religiosa puede ser condenada penalmente como institución, con independencia de si también se condena a la persona natural que ejecutó el delito.
La ley responde a una realidad evidente: muchos delitos graves no son obra de un individuo aislado, sino de una organización que los permite, los facilita o directamente los ordena. Mientras la empresa seguía operando con normalidad, el ejecutivo condenado simplemente era reemplazado.
¿Cuándo Es Responsable una Empresa?
Para que una empresa sea penalmente responsable bajo la Ley 20.393, deben cumplirse tres condiciones simultáneamente:
- El delito debe estar dentro del catálogo de la ley. Originalmente la ley contemplaba solo tres delitos: cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Desde septiembre de 2024, la Ley 21.595 amplió ese catálogo a más de 200 tipos penales, incluyendo delitos ambientales, tributarios, financieros, laborales y contra los consumidores.
- El delito debe ser cometido por una persona vinculada a la empresa. No cualquier trabajador genera responsabilidad para la organización. El responsable debe ser un dueño, controlador, ejecutivo principal, representante, administrador o supervisor, o una persona natural bajo la dirección directa de estos.
- El delito debe ser consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión. Es decir, la empresa no adoptó medidas razonables para prevenir ese tipo de conducta. Si la organización contaba con un Modelo de Prevención de Delitos efectivo y aun así ocurrió el ilícito, puede verse eximida o atenuada en su responsabilidad.
Las Sanciones que Puede Recibir una Empresa
Las consecuencias penales para una empresa condenada bajo la Ley 20.393 son económica y operacionalmente devastadoras:
- Multas de alto monto, calculadas en unidades tributarias mensuales (UTM) según la gravedad del delito.
- Prohibición de contratar con el Estado por un período determinado, lo que puede afectar gravemente a empresas que dependen de licitaciones públicas.
- Pérdida de beneficios fiscales y subsidios estatales.
- Clausura temporal o definitiva de establecimientos o sucursales.
- Comiso del producto del delito, incluyendo bienes, dineros y valores derivados de la actividad ilícita.
- Supervisión externa impuesta por el tribunal, que implica que un supervisor independiente designado por el juez monitorea el funcionamiento de la empresa.
- Disolución o extinción de la persona jurídica en los casos más graves.
Desde la Ley de Delitos Económicos de 2024, se añadió también el sistema de penas de días multa, calculadas según los ingresos de la empresa o del condenado, lo que hace la sanción proporcional al tamaño y capacidad económica de la organización.
El Modelo de Prevención de Delitos (MPD): La Clave para las Empresas
La misma ley que establece la responsabilidad penal entrega a las empresas una herramienta fundamental para reducirla: el Modelo de Prevención de Delitos (MPD). Si una empresa implementa un MPD efectivo y aun así ocurre un delito, puede invocar esta circunstancia como eximente o atenuante de responsabilidad penal.
Un MPD eficaz bajo la Ley 20.393 debe contener, al menos, los siguientes elementos:
- Un encargado de prevención designado formalmente, con autonomía, recursos suficientes y acceso directo a la dirección de la empresa. En empresas más grandes, este rol recae en un área de compliance o una persona jurídica externa especializada.
- Identificación y evaluación de riesgos penales, un mapa de los procesos y actividades de la empresa que podrían dar lugar a alguno de los delitos contemplados en la ley.
- Procedimientos internos de control, reglas claras sobre contratación de proveedores, pagos a funcionarios públicos, manejo de fondos y gestión de contratos.
- Un canal interno de denuncias, que permita a trabajadores y terceros reportar en forma confidencial o anónima cualquier conducta sospechosa.
- Programas de capacitación y difusión, para que todos los integrantes de la organización conozcan los riesgos y las normas de conducta exigidas.
- Evaluación y actualización periódica del modelo, revisiones anuales o ante cambios relevantes en la actividad de la empresa.
Desde 2025, el Decreto Supremo N° 44 incorporó la prevención de riesgos laborales como una dimensión adicional que las empresas deben integrar a sus modelos de compliance.
¿A Qué Empresas Aplica la Ley?
Este es uno de los cambios más relevantes introducidos por la Ley 21.595 de 2024. Antes de su entrada en vigencia, la Ley 20.393 se aplicaba principalmente a empresas privadas de cierto tamaño. Con la modificación del artículo 2°, la responsabilidad penal ahora alcanza a:
- Personas jurídicas de derecho privado, incluyendo sociedades anónimas, SpA, limitadas, cooperativas y fundaciones.
- Empresas públicas creadas por ley, como ENAP, TVN o Metro.
- Empresas, sociedades y universidades del Estado, independientemente de su tamaño.
- Partidos políticos, que ahora pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su beneficio.
- Personas jurídicas religiosas de derecho público, como iglesias con personalidad jurídica.
Esta ampliación del ámbito de aplicación es una señal clara: ninguna organización está exenta del estándar que exige la ley, sin importar si es privada, pública, sin fines de lucro o de naturaleza política o religiosa.
Cómo Afecta la Ley a los Trabajadores
La Ley 20.393 no solo incumbe a los directorios y gerencias: impacta directamente a todos quienes forman parte de una organización, en distintos niveles.
Para los Directivos y Ejecutivos
Los dueños, gerentes, representantes legales y supervisores son los sujetos cuya conducta puede generar responsabilidad penal para la empresa. Esto significa que un ejecutivo que comete un delito no solo enfrenta su propia condena personal, sino que puede arrastrar penalmente a toda la organización. La ley los incentiva a implementar controles reales, no cosméticos, porque una investigación penal corporativa inevitablemente expone sus propias decisiones y omisiones.
Para los Trabajadores en General
Para los empleados que no ocupan cargos directivos, la ley tiene un impacto más indirecto pero igualmente relevante:
- Mayor transparencia y control interno: las empresas que implementan un MPD establecen procedimientos más claros y canales para reportar irregularidades sin represalias.
- Canal de denuncias disponible: todo MPD certificado incluye un canal de denuncias interno, lo que da a los trabajadores un mecanismo formal para reportar conductas ilegales que observen dentro de la organización.
- Protección ante posibles complicidades no deseadas: trabajar en una empresa sin controles adecuados puede involucrar indirectamente a empleados en actividades ilícitas. Un MPD reduce ese riesgo.
- Mayor estabilidad institucional: las empresas con sólidos programas de compliance tienen menor probabilidad de enfrentar crisis legales que pongan en riesgo empleos y operaciones.
Para los Denunciantes Internos
La Ley 20.393 exige que el canal de denuncias del MPD garantice confidencialidad y protección al denunciante. Esto complementa la protección que otorga la Ley Karin en materia laboral. Un trabajador que reporta por el canal interno de compliance no puede ser sancionado, despedido ni perjudicado por ese hecho. Si lo fuera, ese acto constituiría una nueva infracción denunciable tanto ante la Dirección del Trabajo como ante la Fiscalía.
El Escenario Actual: La Ley 21.595 Cambia Todo
Hasta agosto de 2024, la Ley 20.393 se aplicaba a un catálogo acotado de delitos y muchas empresas la gestionaban de manera superficial o meramente formal. Con la entrada en vigencia de la Ley de Delitos Económicos N° 21.595, ese panorama cambió radicalmente.
Los delitos ahora se clasifican en cuatro categorías:
- Categoría 1: Delitos de la Ley 20.393 original (cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo).
- Categoría 2: Delitos económicos propiamente tales, como fraude tributario, estafas financieras, infracción a normas medioambientales.
- Categoría 3: Delitos cometidos por personas jurídicas en el contexto de su giro, como delitos contra la libre competencia.
- Categoría 4: Delitos que pueden atribuirse a personas jurídicas bajo condiciones específicas.
Esta ampliación significa que prácticamente ninguna empresa de tamaño medio o grande puede operar sin un MPD actualizado y operativo. El riesgo legal de no tenerlo supera con creces el costo de implementarlo.
Tabla Resumen: Impacto de la Ley 20.393
| Dimensión | Antes de Ley 21.595 (hasta ago. 2024) | Con Ley 21.595 (desde sep. 2024) |
|---|
| Dimensión | Antes de Ley 21.595 (hasta ago. 2024) | Con Ley 21.595 (desde sep. 2024) |
|---|---|---|
| Delitos cubiertos | 3 delitos principales | Más de 200 tipos penales |
| Entidades alcanzadas | Empresas privadas mayoritariamente | Privadas, públicas, partidos, iglesias |
| Sanciones | Multas, inhabilitación | Multas, supervisión externa, días multa |
| MPD obligatorio | Recomendado para grandes empresas | Estratégico para toda organización |
| Canal de denuncias | Componente del MPD | Obligatorio y operativo |
La Ley 20.393 representa hoy el estándar mínimo de integridad empresarial en Chile. No cumplirla ya no es solo un riesgo reputacional: es un riesgo penal concreto que puede terminar con la existencia misma de una empresa.